LAS POLÍTICAS SOBRE OGM´S FAVORECEN A LAS CORPORACIONES –NO AL INTERÉS PÚBLICO

Traducción libre del artículo original en inglés titulado “GMO policy favours corporations- not the public interest”, publicado el 21 de septiembre de 2011 por Public Service Europe

El desarrollo de regulaciones recientes falla en proteger la salud pública, el ambiente o a los agricultores.

Las políticas de la Unión Europea que conciernen a los organismos genéticamente modificados (OGM´s) es insatisfactoria- donde se relaciona con el cumplimiento bajo criterios básicos como la protección a la salud pública, conservación del ambiente, transparencia, derecho a elegir por los consumidores informados y la promoción del desarrollo rural y socio-económico.  Existe un conflicto que se hace más claro cada vez: la oposición entre los intereses de las grandes corporaciones del sector agro-negocios, produciendo OGM´s y la rigurosa aplicación del principio precautorio –salvaguardar los criterios antes mencionados.

Los legisladores no pueden ser neutrales sobre este conflicto.  O apoyan a las corporaciones o defienden el interés público.  Hasta el momento, la Unión Europea ha escogido la primera opción.  Ellos saben que las licencias a favor de OGM´s están severamente sesgadas, dado que las instancias que realizan los tests dependen de la industria –la cual tiene un interés particular en las autorizaciones.  Las compañías por sí mismas realizan los tests y los análisis estadísticos relacionados.  Por consiguiente, el proceso carece de reglas de transparencia básica, las cuales son un pre-requisito para los análisis científicos.

La Autoridad Europea en Seguridad Alimentaria (conocida como EFSA por sus siglas en inglés) es responsable, entre otras cosas, de emitir opiniones sobre los riesgos potenciales de los OGM´s –relacionados con la salud y el ambiente.  A la fecha, todas las opiniones han sido positivas para todos los OGM´s evaluados.  Varios estudios y la investigación independiente han levantado dudas respecto a la imparcialidad de EFSA y a sus oficiales.  Más allá de esto, es un hecho que los procedimientos para conceder licencias a los OGM´s actualmente en uso impiden a la comunidad científica de verificar las conclusiones.  EFSA ha declarada que es incapaz de evaluar el impacto ambiental de largo plazo de los OGM´s, limitando sus análisis a criterios, que –seguramente- no afectarán los intereses de las corporaciones biotecnológicas.  Y en algunas ocasiones, EFSA ha ignorado las peticiones presentadas por autoridades nacionales para considerar riesgos específicos.

Sin ser ajena a la presión pública, un reciente regulación de la Unión Europea dio a los Estados miembros el potencial para prohibir o limitar el cultivo y la liberación de OGM´s –en sus territorios.  La decisión se basó en las fragilidades y deficiencias reconocidas en el proceso de evaluar riesgos ambientales.  Lo mismo puede también decirse para los riesgos socio-económicos y en salud humana.  Por lo tanto, si estas razones son válidas para limitar el cultivo y la liberación de OGM´s al ambiente, lo mismo debería también aplicar a la comercialización y consumo de OGM´s.  No hay razones válidas para que esto no ocurra.  El mercado y las empresas no deberían prevalecer sobre la protección de la salud humana y el ambiente.

Pero también hay otro aspecto a considerar.  Es la evaluación de riesgo, algo que pertenece puramente al ámbito técnico y científico.   Pero otra cosa, muy diferente, es decidir sobre la aceptabilidad del riesgo.  Esta es una decisión política que, por el bien de la democracia, los ciudadanos deberían tener algo que decir al respecto-, a través de las estructuras políticas que ellos controlan y de las cuales están más próximos.  Y entonces es esencial dar una implementación efectiva del principio precautorio, la remoción de especies de OGM´s que ya han sido introducidos –defendiendo así la salud pública, el ambiente y los agricultores.

También es necesario rechazar el control de las semillas por los propietarios multinacionales de patentes de OGM´s y su uso en la explotación y sometimiento de las fincas pequeñas y medianas.  Es necesario alentar y promover los métodos de producción sostenible, la producción pequeña y mediana local, pequeñas cadenas de producción–mercado-consumo   y los mercados locales –como un medio para garantizar el desarrollo sostenible de la vida rural y las economías nacionales, así como la soberanía alimentaria.

João Ferreira es un Miembro portugués del Parlamento Europeo y miembro del Grupo Confederal de la Izquierda Europea Unida –Grupo Nórdico Verde de Izquierda en el Parlamento Europeo.

FUENTE: Public Service Europe 

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